Contaminación

Los dueños de Zinsa tienen 15 días para quitar los líquidos en una de sus estructuras

De no hacerlo, el Gobierno regional iniciaría el correspondiente expediente sancionador y la imposición de multas coercitivas, como paso previo a la ejecución subsidiaria
Una de las balsas de Zinsa en Cartagena (foto: EP)
Una de las balsas de Zinsa en Cartagena (foto: EP)

La Dirección General de Medio Ambiente ha dado 15 días a los propietarios de los terrenos donde se ubicaba la factoría Zincsa en Cartagena para que vacíen y eliminen los líquidos de una de las estructuras de la parcela.

En caso de no hacerlo, la Región iniciará el correspondiente expediente sancionador y la imposición de multas coercitivas, según informaron fuentes de la Administración regional.

Así, la Dirección General ha enviado un oficio para exigir a Cartagena Parque que, antes del próximo 22 de octubre, retire los residuos líquidos acumulados en una de las estructuras.

Los Servicios de Inspección constataron el pasado junio que se encontraba lleno de líquidos el acopio subterráneo cubierto con viguetas, estructura número 15, y la Región de Murcia demandó la retirada de los mismos y la entrega a un gestor autorizado para evitar riesgo de desborde.

Esta medida, junto al vallado de cuatro estructuras, formó parte de las medidas complementarias, a las medidas cautelares, impuestas por el Gobierno regional a Cartagena Parque para su ejecución en un mes.

El vaciado de la estructura fue la única actuación pendiente de ejecución y la mercantil pidió ampliación de plazo porque, según alegó, era necesario efectuar un análisis previo del líquido contenido para determinar las medidas necesarias para hacer frente al vaciado.

Desde la Administración regional se entiende que desde julio ha pasado tiempo "más que suficiente" para acometer esta obra y ha emitido, a principios de octubre, un nuevo requerimiento instando a Cartagena Parque a su ejecución.

En caso de incumplir, la Región de Murcia iniciaría el correspondiente expediente sancionador y la imposición de multas coercitivas, como paso previo a la ejecución subsidiaria.