El pasado 5 de julio, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, compareció como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al inicio de su declaración, tras contestar al juez Juan Carlos Peinado que "no" tenía conocimiento de los hechos objeto de investigación, el instructor le respondió: "Le ilustraré yo personalmente".
"Como investigada (...) tiene todos los derechos que le concede la Constitución Española, el primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea, también tiene derecho a ser asistida de un letrado", le dijo al inicio el juez tal y como consta en la grabación en vídeo.
El magistrado, ante la respuesta negativa de Gómez sobre si conocía los hechos indicó que entonces debía suspender la declaración "para ilustrarle debidamente en presencia de su letrado". "Le ilustraré yo personalmente", indicó.
Tras ese primer tramo de su comparecencia, las partes abandonaron la sala y se paró la grabación. Minutos después, las acusaciones volvieron a entrar para reanudar la comparecencia y el juez tomó la palabra para explicar que "los hechos objeto de investigación se constriñen al contenido de la denuncia inicial --de Manos Limpias-- que dio origen a la incoación de las diligencias previas, a lo que hay que añadir el contenido de una querella interpuesta por una asociación denominada Hazte Oír".
Apuntó que se debían excluir "los contratos adjudicados por parte de la entidad en Red.es a la UTE de la que forma parte la empresa Innova Next", contratos que ya investiga la Fiscalía Europea.
El magistrado indicó entonces que "a la señora investigada" se le había informado del contenido de la denuncia inicial y la documentación que se acompañaba, "si bien no se le ha dado traslado del contenido de la querella y copia de la querella de Hazte Oír que en su día fue admitida a trámite".
Por eso, indicó que, "a los efectos de evitar provocar la indefensión", debía "suspender este acto". "Se le va a dar copia de la querella interpuesta por la asociación Hazte Oír que ha sido admitida a trámite y se señalará nueva fecha para la práctica de la presente diligencia de declaración de la investigada", añadió.
Después de esta decisión, Peinado preguntó a las diferentes partes sobre qué fecha podría ser la idónea para la declaración de manera que no coincidiera con señalamientos previos, y se acabó fijando el 19 de julio.
El juez apuntó que la declaración la fijaba a las 10:00 horas y dijo que se entregaría "personalmente en mano a la investigada la cédula de citación".