La Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha investigado a un empresario por usurpación de aguas subterráneas y contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de aguas de pozos y manantiales para el riego de un campo de golf.
Operación ‘Rough’
Han sido localizados una quincena de pozos ilegales y cinco manantiales que han quedado desabastecidos. Los agentes han constatado que la empresa del ahora investigado había sustraído aguas subterráneas dejando un acuífero sobreexplotado y en riesgo cualitativo y cuantitativo.
Gracias a la colaboración ciudadana, el Seprona fue alertado de la posible sustracción de aguas de forma desmesurada y sin autorización en unas instalaciones de un campo de golf de un resort de la Región.
La información inicial con la que contaban los investigadores era la posible realización de gran cantidad de pozos camuflados y escondidos dentro de las instalaciones de un resort, con un campo de golf, en el que se estaban construyendo pozos en horario nocturno y que podrían tener como fin la extracción ilegal de agua.
Los guardias civiles vigilaron las posibles infracciones desde un helicóptero y durante los vuelos comprobaron que el campo de golf tenía una gran extensión y se ubicaba en una zona de secano sobre un acuífero que se encontraba en riesgo cuantitativo y cualitativo. Comprobaron que había una elevada superficie de zonas verdes existentes, un total de 21,97 hectáreas, en relación con la superficie autorizada, de 5,3 hectáreas.
Un dispositivo conjunto de inspección que detectó en diversas parcelas del complejo una quincena de pozos no autorizados y cinco manantiales desabastecidos, utilizados todos para la sustracción de aguas subterráneas.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha localizado e investigado al gerente del resort donde está ubicado el campo de golf, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito de usurpación de aguas subterráneas y de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por la extracción ilegal de aguas subterráneas.
Durante las inspecciones se detectó que el volumen anual de agua extraída del acuífero supera los dos millones de metros cúbicos. Según el informe pericial elaborado, la actividad ilícita ahora esclarecida habría estado en funcionamiento durante 17 años aproximadamente, que habría generado unos daños medioambientales valorados en 65 millones de euros, que incluye el coste de restauración y el coste económico que implica la pérdida de los servicios ecosistémicos, con el agravante de la extracción en un acuífero sobreexplotado.
