Justicia

La Fiscalía de Murcia estudia imponer la pena de cárcel a los empresarios implicados en la red de prostitución de menores

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera (foto: Edu Botella / EP)
El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera (foto: Edu Botella / EP)

El Fiscal Superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha anunciado que está estudiando la posibilidad de que puedan ingresar en prisión "algunos o todos" los 13 condenados el pasado miércoles por la Audiencia Provincial de Murcia por su participación en una red de prostitución de menores.

Cabe destacar que, de esos 13 acusados, siete eran empresarios de la Región de Murcia que reconocieron que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad pero evitarán ir a la prisión tras pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. En la causa figuraban otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución, que también pactaron con la Fiscalía para evitar la prisión.

En declaraciones concedidas a Onda Regional, Díaz Manzanera ha admitido la posibilidad de convocar la Junta de Fiscales para tomar la decisión de penar con cárcel a los responsables de esta red de prostitución de menores.

Díaz Manzanera ha puntualizado que, debido precisamente el "retraso" que acumula la Justicia, sucede de forma "reiterada" que se aplica lo que se conoce como "atenuante de dilaciones indebidas" que puede conllevar la rebaja de la pena en uno o en dos grados en función de la demora del procedimiento y de otras circunstancias. De hecho, ha señalado que esto es lo que ha sucedido en el caso de la red de prostitución de menores.

En relación a este proceso de la red de prostitución de menores, Díaz Manzanera ha abierto la puerta a la posibilidad de que ingresen en prisión "algunos o todos los condenados" y ha recordado que es un asunto que, precisamente, se encarga de estudiar la Junta de Fiscalía.

"Tengo intención de convocar una Junta de Fiscalía, ya veremos a ver en qué términos y a qué fiscales, para poder debatir esta cuestión", según Díaz Manzanera, quien ha afirmado que su propósito es que el Ministerio Público "tenga una opinión común y clara al respecto de si procede o no procede el ingreso en prisión y respecto de quién".

A su vez, ha anunciado que la Fiscalía General está trabajando en una circular en la que se va a tratar la protección de las víctimas y, dentro de esta circular, Díaz Manzanera espera que se trate también "algunas directrices de carácter general de obligado cumplimiento para todos los fiscales en los casos de conformidades como el que se ha producido en el presente caso".

En este sentido, ha advertido que la redacción de un documento de estas características, que es vinculante para todos los fiscales de España en base al principio de unidad de actuación en el que se rigen, "tiene su complejidad y sus matices".

"Imagino que no es un documento fácil de redactar, pero estoy convencido de que el Fiscal General va a dar un impulso final a esta instrucción para que podamos tener unas directrices más claras al respecto", según Díaz Manzanera.

En concreto, el Fiscal Superior de la Región espera que este documento establezca unas directrices más claras "no solamente para las conformidades", sino también para la posibilidad de que los fiscales se opongan o no al cumplimiento de la pena, en este caso privativo de libertad.

Por otro lado, Díaz Manzanera ha señalado que el índice de conformidades en la Región de Murcia y a nivel nacional "es muy grande", lo que "también está esto relacionado con que la inmensa mayoría de esas conformidades se están produciendo en los juicios rápidos que se están celebrando en los propios juzgados de instrucción, en los servicios de guardia".

"Porque hay muchísimos delitos, fundamentalmente, delitos contra la seguridad vial, básicamente, que normalmente se resuelven vía pacto y vía conformidad", según Díaz Manzanera. No obstante, ha puntualizado que en la "inmensa mayoría" de estos casos "no se aplica la atenuante por dilaciones indebidas".

Así, ha señalado que la atenuante por dilaciones indebidas "se aplica en casos en los que el procedimiento se retrasa demasiado en el tiempo", algo que "por desgracia está pasando mucho". "Y eso está relacionado también directamente con que, obviamente, la justicia tiene que mejorar, y la mejor manera de que esto suceda es dotándola de medios, fundamentalmente de medios personales". El objetivo es "evitar que esas respuestas que se están dando por parte de la justicia sean, en numerosos casos, demasiado tardía".