La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a la empresa cartagenera Ricardo Fuentes, principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por comercializar presuntamente atún rojo procedente de la pesca ilegal y por supuesto blanqueo de los "cuantiosos" beneficios obtenidos a través de esta práctica. También serán juzgados un guardia civil y los responsables del Grupo Pescnortmar.
La investigación ha permitido acreditar las pésimas condiciones de salubridad en las que se encontraban las instalaciones que utilizaban y las malas condiciones para el consumo humano de los atunes, a los que inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura, "poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores".
La magistrada considera que los hechos investigados pueden ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, contra la salud pública, contra la fauna, contra los derechos de los consumidores, descubrimiento y revelación de secretos, participación en organización criminal y blanqueo de capitales.
El Grupo de empresas Ricardo Fuentes, al que la juez envía a juicio junto con otras once mercantiles, indica la resolución, es el mayor exportador de atún rojo, tiene su sede central en Cartagena y dispone de diferentes granjas de engorde en las provincias de Murcia, así como en Malta y Túnez. También cuenta con almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal.
EL MODUS OPERANDI
El auto explica que parte de la actividad de esta trama se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa administrativa vigente mientras que, otra parte, se realizaba de manera irregular introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano "Esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue ideado por la organización para dificultar la detección del fraude", añade.
Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en sus granjas de engorde recurrían a falsedades documentales de diversa índole, explica el escrito.
Añade que la constante adquisición de atunes rojos de procedencia ilícita y su cobertura en el tráfico mercantil mediante documentación manipulada, alterada o simulada, impedía la trazabilidad de los alimentos, cuestión básica para la salud pública, dado que el almacenamiento y posterior venta amparada bajo esta documentación producía la consecuencia de que, finalmente, no podía conocerse de dónde procedía el atún, cuándo se había sacrificado, cuánto tiempo llevaba en expedición, etc.
En el contexto de esta distribución en el mercado de consumo humano, parte de los ejemplares de atún rojo se encontraban en mal estado, dándoles otra apariencia a través del inyectado de aditivos para dar una apariencia de frescura, poniendo en grave riesgo la salud pública de los consumidores, indica.
En el auto de pase a procedimiento abreviado se acuerda dar un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
