Estafaron más de 30.000 euros a 65 inmigrantes con necesidad de empleo y papeles
La Policía Nacional ha detenido a seis miembros de un grupo organizado que se dedicaba a estafar a inmigrantes vendiéndoles contratos de trabajo, según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado.
La investigación comenzó cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la posible existencia de un grupo criminal dedicado a realizar contratos falsos de trabajo a inmigrantes, la mayoría de ellos en situación irregular en España.
Para ello, este grupo se nutría de la colaboración involuntaria de empresas agrícolas a las que se hacía creer que les iba a proveer de mano de obra para trabajo en diversas zonas de la provincia de Alicante.
Los principales responsables de la red procedían, por diversos medios, a la captación de inmigrantes en situación irregular necesitados de poder conseguir tanto documentación como sustento dada su precaria situación económica.
Una vez localizadas las posibles víctimas por diversos intermediarios, eran atraídas bajo la realización de falsas promesas por parte del principal cabecilla de la organización y en lugares frecuentados por trabajadores agrícolas.
Las promesas consistían en un posible trabajo y en la gestión de toda la documentación necesaria para regularizar la situación administrativa de la mayor parte de ellos.
En alguna ocasión, los responsables del grupo delictivo se encargaron de fletar un autobús desde Orihuela hasta Murcia a fin de simular entrevistas de trabajo con posibles empleadores. Todo ello, para hacer creer a las víctimas la existencia de vínculos laborales reales.
HASTA 65 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS
De esta manera, la Policía Nacional obtuvo la documentación de identidad personal de hasta 65 personas, todos ellos extranjeros y, principalmente, de nacionalidad marroquí.
Las víctimas pensaban que se iban a iniciar los pertinentes trámites administrativos y el grupo delictivo logró obtener más de 30.000 euros procedentes de pagos de los estafados.
En este sentido, la Policía Nacional ha remarcado el "importante perjuicio económico" provocado a distintas personas que actuaron movidas por la necesidad y en precaria situación económica. De hecho, en algunos casos, las víctimas llegaron a abonar hasta 5.000 euros.
Este grupo estaba perfectamente organizado, teniendo cada integrante un papel claramente definido. El principal responsable era el encargado de contactar y simular las relaciones con empresas agrícolas, mientras otros miembros eran captadores y estaban dedicados a localizar y ofertar las distintas posibilidades a los inmigrantes irregulares.
Incluso, uno de ellos llegó a hacerse pasar por el abogado del principal responsable a fin de dar apariencia de legalidad a todo el entramado.
La Policía Nacional ha señalado que la localización de víctimas de estos delitos resultó "especialmente complicada", ya que a la mayoría de ellas se les hizo creer que podrían ser expulsados a sus países de origen si denunciaban ante las autoridades españolas.
Durante el desarrollo de la investigación, la Policía Nacional ha trabajado en estrecha colaboración con diversas empresas agrícolas, la mayoría de ellas ubicadas en la provincia de Alicante, habiéndose localizado víctimas en Orihuela, Mazarrón, Cartagena y Elche.
La investigación, desarrollada por el Grupo II de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Cartagena, ha culminado con la detención de seis personas de nacionalidades española, marroquí y peruana.