La nueva escala autonómica del IRPF supondrá un ahorro a la población de 10 millones de euros
El Pleno de la Asamblea Regional ha convalidado el decreto ley por el que se modifica la escala autonómica del IRPF. Los diputados de PP, Ciudadanos y VOX han apoyado la propuesta que supondrá, en palabras del consejero de Economía, Luis Alberto Marín, un ahorro a la población de 10 millones de euros.
Esta modificación supondrá, según Marín, que 330.000 murcianos paguen menos impuestos. Durante su intervención en el Pleno el consejero ha explicado que la propuesta consiste en la deflactación de los cuatro primeros tramos del IRPF en un 4% y ha asegurado que aunque "deflactar el IRPF no supone bajar los impuestos, no hacerlo sí que supone una subida de impuestos".
Marín ha explicado que si no se deflactara el tramo autonómico del IRPF, los murcianos que ganaran hasta 20.200 euros deberían pagar adicionalmente 114,52 euros, mientras que para los que ganen hasta 38.000 euros tendrían que afrontar un pago adicional de hasta 283,87 euros. "En un contexto de inflación como el actual, no deflactar y tener que pagar 283 euros más es una situación inaceptable", ha dicho añadiendo que la deflactación de los cuatro primeros tramos del IRPF alcanzaría a todos aquellos habitantes que ganen menos de 60.000 euros anuales.
Asimismo, durante su intervención ha advertido que si se adoptara la misma medida a nivel nacional, "los habitantes de la Región se ahorrarían 15 millones de euros".
Por parte del Partido Socialista Alfonso Martínez, considera que la modificación "es un brindis al sol, no va a tener ningún impacto en la economía familiar", ha dicho asegurando que "dejan fuera a los que más lo necesitan, a más de medio millón de contribuyentes, con esta medida no se ayuda a las personas ni a las familias".
Desde el Grupo Mixto, Rafael Esteban, de Podemos, ha considerado la medida "una tomadura de pelo". Desde dicho grupo parlamentario también ha intervenido Juan José Liarte, de VOX, que ha expuesto que las medidas que se traen a la Cámara "son para no apretar más la soga a causa de la inflación". Por su parte, la diputada Ana Martínez, de Ciudadanos, ha expuesto que el "descontrol de los precios se ha convertido en un problema que se ha agravado" y ha destacado que esta es una de las medidas que ellos demandaron.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz Francisco Álvarez ha señalado que el objetivo es "redistribuir la riqueza" y ha criticado al Gobierno nacional "por no hacer nada para paliar el impacto negativo de la inflación en la economía".
La diputada del PP María Dolores Valcárcel, por su parte, ha reiterado que esta medida supondrá un ahorro de 10 millones de euros "y evitará que los contribuyentes murcianos sufran una pérdida en su declaración de la renta. El objetivo de este decreto es ayudar a las familias a hacer frente a la elevada inflación".
Durante el desarrollo de la sesión parlamentaria, el Grupo Parlamentario Popular ha retirado la proposición de ley de Autonomía Financiera después de que los servicios jurídicos de la Cámara emitieran un informe tras detectar la posibilidad de que la norma fuera inconstitucional al invadir competencias estatales. La diputada del PP Mari Carmen Ruiz ha aprovechado su turno para anunciar la intención de mejorar la norma para "construir una herramienta más segura frente al intento de mutilación autonómica pretendido por Pedro Sánchez. Tendremos este debate dentro de unas fechas porque necesitamos defendernos ante la intentona sanchista de meter la mano en el bolsillo de los murcianos", ha dicho.
Por otro lado, ha decaído el decreto para endurecer las sanciones en los establecimientos de actividades recreativas, presentado por el PP. Los 'populares' solo han contado con el apoyo de Pascual Salvador (VOX) tras la disolución de este grupo parlamentario y el paso de sus miembros al Grupo Mixto.
Así, los otros diputados de VOX han votado en contra del decreto, junto a PSOE y los diputados de Podemos , por lo que el texto no ha salido adelante. Uno de los diputados de VOX, Juan José Liarte, ha argumentado desde la tribuna que el texto era "farragoso y de difícil acceso" para los establecimientos implicados. "No podemos aceptar que normativas restrictivas de derechos individuales estén dispersas y sean de difícil acceso para su conocimiento y aplicación por parte de los ciudadanos".
Durante este debate, la diputada de Podemos, María Marín, ha aprovechado su intervención para denunciar la situación de la Cámara. Para ello ha aparecido ataviada con ropa de protección y ha afirmado que la Asamblea "apesta, se ha convertido en un mercadillo en el que se compran y venden voluntades. No quiero que se me pegue nada de este vertedero que recoge lo peor de la política regional", ha dicho.